Algo más sobre malas decisiones y escenarios complicados

Una provincia rara
“Pasan cosas raras en esta provincia”, dijo un dirigente gremial minero, y no le erró en lo más mínimo.

En el trabajo “Análisis de la situación actual y aspectos a considerar en la discusión de las cuestiones tributarias de la minería argentina”, realizado para el Organismo Latinamericano de Minería (Olami) por el Secretario General de la entidad, ingeniero Hugo Nielson, y el geólogo y contador público Daniel Jerez, se sostiene que “una suba de la carga tributaria conduciría a la elevación de la ley de corte de un proyecto”, lo que sin dudas no es una buena noticia para trabajadores mineros y las comunidades directamente afectadas.
La ley de corte de un proyecto es el punto a partir del cual el costo de producción torna antieconómica su explotación. Es decir que si la ley de corte se eleva, reservas minerales que en otro contexto podrían haber sido explotadas, ya no lo serán, acortando la vida útil de un yacimiento.
Afirman los analistas de Olami que si se elevara la ley de corte en Argentina –que, por cierto, es una de las más altas de los países productores de metales– “se descartarán reservas, que serán abandonadas en el yacimiento posiblemente por décadas o para siempre”.
Argentina ha tenido un comportamiento distinto al del resto del mundo en materia de promoción minera, y con medidas como la tomada por Santa Cruz con su nuevo gravamen a las reservas, se afirma en esa línea, que beneficia impositivamente a los proyectos de mayor envergadura y mejores márgenes de ganancia en detrimento de los más pequeños, y al mismo tiempo los que producen pagan una menor proporción de impuestos a medida que crecen los precios internacionales.
Explican Hugo Nielson y Daniel Jerez que “la Carga Tributaria sobre la actividad minera en Argentina está hoy por encima del promedio internacional” y que “para proyectos de elevado margen operativo está por encima del promedio y es muy elevada para los proyectos con bajos márgenes de rentabilidad como son los yacimientos de baja ley o elevados costos”, en tanto que “la estructura tributaria sobre la minería exportadora en Argentina es regresiva, porque se castiga a los proyectos de menor rentabilidad con una carga tributaria más alta que a los proyectos de muy altos beneficios”.
Lo grave del caso es que al tiempo que esto sucede, hay cada vez más críticas hacia lo que deja la minería en las comunidades. “Uno de los puntos de conflicto sobre la recaudación fiscal a partir de la minería es la baja participación de las provincias productoras en la recaudación directa de los tributos”, dicen los mencionados analistas y explican que “el Estado Nacional a través de Derechos de Exportación e Impuesto a las Ganancias se apropia de modo primario de alrededor del 90 % de la recaudación”.
Como hemos visto y ya hemos analizado en esta misma columna, la respuesta de provincias como Santa Cruz, no ha sido discutir esta situación para corregirla, sino aumentar la presión fiscal con nuevos impuestos, como el recientemente aprobado, para compensar, según su particular visión, las diferencias, sin tener en cuenta que, como explican claramente Nielson y Jerez, “la discusión sobre la carga tributaria que se aplica sobre la actividad minera requiere de un exhaustivo análisis por parte de todos los sectores involucrados, por tratarse de una herramienta con un enorme potencial para el desarrollo nacional”. Discusión que en este caso, como en tantos otros, no ha existido, o si la hubo, se la redujo a chicanas y bastardeos.

Curiosidades

Esta semana se inició con una nueva toma de yacimiento por parte de representante del gremio de los camioneros. Esta vez le tocó a Cerro Moro y aunque, por suerte, no se registraron hechos de violencia, como en otras oportunidades, si aparecieron los mismos rasgos de impunidad, ya que los manifestantes no permitieron a la Policía entrar al yacimiento, y ésta, resignando su mandato legal, se retiró aceptando que en este caso, no era la autoridad.
El corte fue, aparentemente, en reclamo del encuadre de un trabajador de un camión aguatero, y frenó el trabajo en el emprendimiento por más de 72 horas. “Pasan cosas raras en Santa Cruz”, sostuvo el titular del gremio minero AOMA, Javier Castro, al comentar en un medio local los pormenores de la toma. Y seguirán pasando, si no se toma conciencia de que situaciones serias (como el déficit fiscal provincial, la caída de los precios de los metales, los problemas derivados del control de cambios o el desfavorable panorama internacional, entre otros) requieren de respuestas serias dadas por gente seria, que sepa que no se puede, en la misma provincia y con las mismas autoridades, aumentarle los impuestos a una actividad productiva y rebajárselos a otra, y en ambos casos con el argumento de que el modelo estatal está agotado.

Para la reflexión

Vale la pena detenerse en los párrafos finales de las conclusiones del trabajo de Hugo Nielson y Daniel Jerez, porque avanzan justamente sobre lo que deberíamos tener en cuenta cuando hablamos de estos temas. Dicen los profesionales de Olami:
“Si para la discusión sobre tributación sólo se fija la atención en proyectos que hoy pueden tener muy altas leyes o muy bajos costos de producción y por esta razón superutilidades, se pueden cometer errores con estas herramientas de política económica, que sean perjudiciales para el desarrollo económico en el mediano y largo plazos. Igual error se puede cometer pensando que los escenarios de altos precios de metales serán para siempre. No se debe perder de vista la evolución histórica de los precios de los metales, se debe mirar un poco más de los pasados 5 o 6 años
Es lógico que las provincias reclamen mayor participación pero es importante que no dejen de observar la competitividad. Por ejemplo Perú tiene una carga fiscal menor que Argentina pero el 50% del impuesto a la renta va directamente a las regiones.
Deben tenerse en consideración las características propias de la minería para la elaboración de políticas. Dependiendo del nivel de prospección y desarrollo minero de los países, la probabilidad de que un prospecto se convierta en un desarrollo minero es de 1 en 100 para los países con mayor tradición minera a 1 de cada 30 en los menos explorados. Esto es, sólo un 3% de los prospectos terminan siendo una mina.
La estabilidad en las políticas y reglas son fundamentales. Tanto es así que las empresas exploradoras encuentran más atractivos para la inversión a países con menores probabilidades de encontrar yacimientos por estar muy explorados (como Canadá o Australia), que a aquellos que tienen mayor potencial geológico pero menor confiabilidad para el desarrollo de estos proyectos.
La tarea de diseñar políticas tributarias sobre la minería no puede dejar de considerar las características propias y únicas de la actividad y el contexto internacional ante la potencialidad de desarrollo que hoy se presenta.”