El viernes se publicó en el B.O. el nuevo gravamen minero provincial
Algunos proyectos mineros serían inviables
07/07/2013 (AIMSA-SantaCruz) El pasado viernes 5 de julio se publicó en el Boletín Oficial de Santa Cruz la ley que pone en funcionamiento el denominado “Impuesto al derecho real de propiedad inmobiliaria minera”, lo que según la mayoría de los analistas, llevará a las empresas en producción o que están construyendo sus proyectos, a presentar amparos ante la Justicia mientras se dilucida la legalidad o no de la norma, y además frenaría aún más la ya diezmada exploración minera en el Macizo del Deseado.
Según Florencia Donovan (La Nación), el nuevo gravamen “podría costarle a Santa Cruz acciones legales por parte de las empresas que operan en la provincia”, ya que de aplicar el impuesto, “el Estado provincial no sólo estaría violando la ley de estabilidad fiscal de la que gozan las mineras, sino que además estaría haciendo prácticamente inviable algunos de los proyectos que hoy están en curso”.
Por su parte, el ex secretario de minería Carlos Saravia Frías, socio del Estudio Saravia Frías, Mazzinghi Abogados, afirmó que "la aplicación de este nuevo impuesto resulta violatorio de la estabilidad fiscal en los casos de aquellos emprendimientos que tengan dicha estabilidad concedida", y sostuvo al respecto que “es inconstitucional por ir en detrimento del Código de Minería de la Nación, de la ley de inversiones mineras y del compromiso asumido por la provincia de Santa Cruz mediante el Acuerdo Federal Minero".
Otro especialista que dio a conocer su opinión por estos días fue el secretario del Colegio Argentino de Ingenieros de Minas (Cadim), Mario Capello, quien advierte que el impuesto pone en riesgo todos los proyectos que todavía no están operando: “Como el tributo grava las reservas, las empresas que más deberán pagar son las que todavía no están en operación, porque son las que tienen más cantidad de reservas, mientras que las que ya están en operación, poco a poco se las fueron comiendo".
Capello le puso un número aproximado a lo que se recuaidaría de aplicarse sin trabas el gravamen. “anualmente se estaría recaudando por este nuevo impuesto por los menos US$ 172 millones adicionales”, dijo, advirtiendo que entre las compañías más afectadas estarían Goldcorp (Cerro Negro) y Yamana Gold (Cerro Moro). "Para un proyecto como Goldcorp, que requiere una inversión de unos 1000 millones de dólares, el impuesto le representa casi unos 200 millones adicionales en los próximos dos años. ¿Cómo se lo explica a sus accionistas?. Se termina la minería en Santa Cruz con esto", dice el ingeniero de minas, recordando que ya sin el gravamen, la Argentina tiene, en minería, la carga tributaria más alta de América.
La abogada especialista en derecho minero Sabrina Lauberer, del estudio Abeledo Gottheil Abogados, concluyó en un estudio dado a conocer la semana anterior sobre este tema, que “es probable que este polémico gravamen genere una ola de acciones legales, incluso se espera una defensa y estrategia conjunta de las compañías afectadas, sea a través de medidas cautelares para frenar la aplicación del impuesto hasta que se defina la cuestión de fondo o mediante recursos de amparo”.
Lo que sí aclaran todos los analistas, es que esta ley no es el único escollo para el normal desarrollo minero, sino uno más que agrava un panorama difícil para una industria que sufre por estos días los embates de la caída de los precios internacionales (en lo que va del año disminuyeron en un tercio), la cautela de inversores que rehuyen de poner sus ahorros donde no hay certezas, las dificultades que genera un mercado de divisas desdoblado y el contexto inflacionario, entre otros agentes que por sí mismos pondrían en riesgo la continuidad de las operaciones.
Algo de esto, justamente, fue señalado el viernes pasado por el gerente general de Cerro Vanguardia, Jorge Sanguín, en una reunión con todo el personal de la compañía minera santacruceña, en la que se hizo un llamado a aguzar el ingenio para mejorar los estándares y producir lo mismo, o más, gastando mucho menos. Todo un desafío en un contexto en el que los proyectos ven que sus inversiones se multiplican y las ganancias quedan cada vez más por debajo de lo proyectado.