Decisiones políticas y funcionarios y dirigentes que no se hacen cargo

Sin verdad no hay consecuencias

Con la prohibición a Minas Argentinas S.A. de lograr habilitación comercial para su oficina administrativa en Esquel, se vuelven a producir consecuencias lamentables por aplicación de una medida al menos cuestionable, de las que los que así lo decidieron no se hacen cargo.

En un artículo publicado por el diario especializado Mining Press, el reconocido ingeniero de minas Mario Capello, que es secretario de la entidad que nuclea a sus colegas, el Cadim, sostiene la tesis de que la ciudad de Esquel, en la cordillera chubutense, o al menos su dirigencia, debería pensar seriamente en declararse independiente de Argentina, formando una república aparte, ya que con sus actitudes frente a la minería está yendo en contra de lo que dictamina el contrato social por autonomasia que es nuestra Constitución Nacional.
“Tal vez quienes no quieran vivir bajo la tutela del orden impuesto por la Constitución Nacional deban seguir otro camino”, sostiene en su artículo Capello, aclarando que ello debe ser “sin regalías petroleras, sin subsidios, sin minería, viviendo de los recursos que me imagino debe otorgarles el centro de esquí La Olla, los tributos de los turistas que los visitan y del resto de las actividades productivas y comerciales; que financien con sus propios recursos el sistema sanitario, educativo, administrativo, la seguridad y también constituyan una nueva justicia, donde una ordenanza como pretenden los populistas, sea Constitución, Código y Ley”.
La crítica se basa en que días atrás, el intendente esquelino, Rafael Williams, denegó la renovación de la habilitación comercial a las oficinas administrativas de la compañía Minas Argentinas en esa ciudad, apoyándose para ello en una ordenanza dictada el año pasado por el Concejo Deliberante local, que dispuso que no se podía habilitar en toda la localidad a una empresa minera.
Para los que no están al tanto, a inicios de 2012, la subsidiaria de Yamana Gold en esa zona, Minas Argentinas –que opera el proyecto Suyai, en el denominado Cordón Esquel– abrió una oficina en la ciudad, con el fin de brindar desde allí información al público sobre las características de su emprendimiento minero, en la que trabajaban unas 20 personas, para la que obtuvo la habilitación municipal correspondiente. Tras ello, el Concejo Deliberante dictó una ordenanza en la que se prohibió lisa y llanamente que cualquier empresa minera tramitara una habilitación, aún cuando, como en este caso, no estuviera produciendo ni fuera el proyecto contrario a la legislación vigente en la materia.
Dice Capello: “El populismo le está ganando a la democracia liberal y republicana que se nos legara a partir de aquel lejano pacto fundacional en 1853. El bien común es postulado frívolo. El político populista está convencido de que el conflicto social prevalece sobre el orden, que la política es el reino de los antagonismos, y que no hay derechos ciudadanos sino necesidades de establecer presencias hegemónicas. En ese marco debemos insertar el accionar de dirigentes que en siete provincias argentinas prohibieron la minería metalífera. A los populistas no les importó que sus decisiones desatinadas fueran insostenibles frente a la ciencia, que desenmascaraba los prejuicios que las originaban. Tampoco sirvió la enumeración de los múltiples beneficios que rechazaban, pues a su desarrollo no renunció voluntariamente ningún país del planeta. Ni pudieron sustentar las prohibiciones desde la ética, pues lo que verdaderamente esconden los satisfechos que aplauden a los políticos populistas, es la indolencia común que acreditan frente a carencias elementales de otros seres humanos”.
Y concluye: “La reciente decisión de concejales intendente y secretarios de prohibir la continuidad de una oficina comercial minera en Esquel es un amotinamiento político contra la Constitución Nacional, un Código de fondo y Leyes Federales. El accionar populista priorizó los gritos a la ley, la mentira a la verdad, los sillones supuestamente asegurados al esfuerzo de trabajar por el bienestar general.”

Sin consecuencias

Un aspecto de la decisión de la dirigencia esquelina que no es abordada por el artículo del secretario del Cadim, es la forma en que los responsables de la medida reaccionan ante la consecuencia directa de esta decisión, que es el inicio de acciones legales y, fundamentalmente, que los trabajadores de la compañía quedan sin empleo. El propio intendente Williams fue claro al respecto, y sostuvo con total desparpajo que “no hace falta la habilitación para seguir funcionando" y que “la minera puede funcionar sin oficina y sin necesidad de despedir al personal”, proponiendo como alternativa que tenga personal itinerante nombrado en otras regiones, y aprovechó para culpar a Minas Argentinas de dejar en la calle a la gente.
Es decir, aplica una medida cuya consecuencia directa es, además de un desconocimiento de leyes nacionales en vigencia, que se cierre una oficina y la gente quede sin trabajo, y propone que la minera fuerce la legislación que él mismo aplica, poniéndose casi al borde de la ilegalidad, culpabilizándola por no hacerlo.
Y no es la primera vez que esto ocurre. A principios de este año, ante el no tratamiento del marco regulatorio para la actividad minera en Chubut, la operadora del proyecto Navidad (en cercanías de Gastre), Minera Argenta, decidió reducir al mínimo su planta de personal en la zona, ya que no había más tareas que realizar. La respuesta inmediata de las autoridades provinciales que habían decidido que no se pudiera hacer minería en la zona fue acusar a la compañía de querer presionarlos con la reducción, obligándola a seguir pagando salarios aunque no trabaje ni le esté permitido hacerlo.
Ambos ejemplos son un espejo de la actitud infantil que adoptan muchos de nuestros dirigentes, que es dictar normas sin pensar en las consecuencias que podrían acarrear, y para colmo, no hacerse cargo de esas consecuencias cuando son evidentes, echándole la culpa al damnificado.
En reuniones y exposiciones del sector minero, se habla mucho de la contradicción que habría en el seno de las organizaciones antimineras, que luchan para lograr la prohibición de la actividad y al mismo tiempo utilizan celulares, cámaras, vehículos y tantos otros elementos de empleo cotidiano, que serían inviables si no existiera la minería para proveer la materia prima de sus componentes.
En lo personal, creo que no es contradicción, sino falta de solidaridad y desconocimiento de que cada uno de nuestros actos conlleva una consecuencia de la que tendríamos que hacernos cargo, porque esos grupos no pretenden que desaparezca la minería, sino que no se haga cerca de ellos, que se “envenenen”, según su particular visión, los pueblos que no tienen más remedio que explotar sus riquezas, pero en nuestro país no, ya que aquí no queremos minería, solamente lo que ella nos provee.
Son, en definitiva, como niños que no comprenden lo que provocan sus actos, y que por lo tanto no pueden ser responsables de ellos. Lo lamentable es que no son niños, sino gente grande que en lugar de pensar las cosas seriamente, actúan de manera infantil, con pereza intelectual y una visión reducida, cuanto mucho, al largo de sus brazos.