La Legislatura aún no trató el nuevo impuesto minero, pero lo hará en breve

29 de mayo de 2013

Dos propuestas que frenarían la actividad

En la fallida sesión del jueves 23 de mayo, la Legislatura santacruceña se aprestaba a decidir entre dos propuestas de impuesto inmobiliario minero que solamente se diferencian en la cosmética, y que tendrán el mismo efecto negativo sobre la actividad.

El pasado jueves, en la fallida sesión de la Legislatura de Santa Cruz, hubo un nuevo intento de aprobar el proyecto de ley que modifica la estructura tributaria provincial, incorporando el “Impuesto al derecho real de propiedad inmobiliaria minera”.
Al momento en que los diputados se disponían a ingresar al recinto, la propuesta contaba con dos despachos, uno por mayoría y el otro por minoría, surgidos del seno del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General. Si bien ambas propuestas proponen la aplicación del nuevo impuesto a las compañías mineras que operan en la provincia, varían esencialmente en el destino que se les daría a los fondos recaudados, como así también en el alcance de la norma propuesta, ya que mientras el despacho de minoría aconseja la sanción de la propuesta que había remitido el gobernador Daniel Peralta, que abarca varias modificaciones tributarias, además de la minera, y crea otros fondos especiales, con nuevos gravámenes, para financiar las áreas de salud y acción social.

Minoría: todo a la caja

El despacho que refleja la propuesta del gobierno en este tema –y que incluía además, entre otros, un impuesto a lo juegos de azar, a pagar tanto por los dueños de casinos y bingos como por los apostadores–, fija como destino de los fondos que se recaudarían, y que han sido estimados en alrededor de 150 millones de pesos anuales, el financiamiento del déficit de la Caja de Previsión Social.
Este sector del justicialismo propone que el “Impuesto al derecho real de propiedad inmobiliaria minera” consista en un 1% del valor de las reservas declaradas de la propiedad minera, una vez que se presente el estudio de factibilidad del proyecto y hasta tanto se extienda la explotación de la mina, quedando exentas las propiedades mineras no metalíferas, las metalíferas que aún no hayan factibilizado el proyecto y las empresas estatales o mixtas con mayoría estatal.
El despacho de la minoría está suscripto por los diputados Roberto Fernández, Manuel Sotomayor y Alejandro Victoria.

Mayoría: un poco a cada uno

Por su parte, los legisladores del sector denominado “La Cámpora” –que son mayoría en las mencionadas comisiones– proponen cambios tanto en la alícuota como en el destino de los fondos que se recaudarían.
En el despacho que suscriben Leonardo Álvarez, Matías Bezi, Darío Galban, Federico Bodlovic, Alexis Quintana, Mauricio Gómez Bull y Rubén Contreras, se propone que la alícuota a percibir, siempre calculada sobre las reservas declaradas de cada proyecto, sea del 1% para proyectos factibilizados que aún no hayan entrado en producción, y del 3% para los que ya estén produciendo, tomando en este caso como base imponible, el mineral remanente en condiciones de ser explotado.
El proyecto plantea, a su vez, una reducción porcentual de la obligación tributaria para las empresas en explotación, si cumplen con la ley denominada de 70/30 (ocupación de mano de obra local), o de acuerdo al porcentaje de compras que se realicen dentro de la provincia.
En cuanto al reparto, los diputados del sector justicialista opositor al gobierno, proponen que el 50% de lo recaudado vaya a financiar el déficit de la Caja de Previsión, un 32% se coparticipe con las municipalidades, un 10% financie la equiparación de las asignaciones familiares provinciales con los valores nacionales, y el 8% restante sea para el “municipio de inserción del yacimiento minero”.
El cambio de actitud de los legisladores de “La Cámpora”, que pasaron de oponerse a la sanción del proyecto a dar vía libre para que se apruebe, fue justificado por uno de sus integrantes, que manifestó que su sector era “incapaz de seguir oponiéndose al proyecto del Ejecutivo”, y que, por lo tanto, aunque no lo voten afirmativamente y sostengan su propio despacho, permitirán su tratamiento y aprobación”.

Advertencias

Durante las últimas semanas, representantes de las empresas mineras que operan en Santa Cruz y de la cámara que las agrupa, mantuvieron reuniones con los legisladores de los tres sectores de la Legislatura, para mostrar los números y realidad de la minería en la actualidad, y explicar cómo estiman que esta decisión legislativa impactaría en la ecuación económica de cada empresa, a la vez que describieron suscintamente el panorama que enfrenta cada una de ellas.
Varios de los directivos, puertas adentro, prevén que la sanción de la ley provocará acciones legales, ya que representaría un incumplimiento de la norma de estabilidad fiscal, reglada a nivel nacional desde hace casi dos décadas.
Lo cierto es que, nuevamente, pesa más en el espíritu de los legisladores el déficit de las cuentas públicas que la continuidad y expansión de la actividad privada, que es la que todos dicen que quieren promover.
Ya sin aplicarse este proyecto, la situación se sigue oscureciendo para la minería santacruceña, y funcionarios de distintas extracciones siguen sin tomar debida nota de un dato fundamental, que definirá el futuro de las comunidades, que es que los proyectos en producción están dejando de explorar y ya han superado su punto medio, y los que debían ya estar produciendo, para reemplazarlos y ocupar la mano de obra y proveedores que fueran quedando libres, se vienen demorando en el inicio, en algunos casos sin fecha fija.
Nuevamente en Santa Cruz, tanto el Ejecutivo como la Legislatura, han decidido solucionar el problema presupuestario cada vez más agudo que padece el Estado, de la manera que aparenta ser más sencilla: presionando al sector privado para recaudar más y cubrir así los agujeros, y negándose a debatir y definir un nuevo sistema de reparto de lo que ya se recuada, que es de por sí, entre impuestos nacionales y provinciales, mucho más que en el resto de la región. Una receta que ya ha fracasado en otras oportunidades, porque su efecto a mediano y largo plazo será disminuir la actividad económica, en este caso minera, con lo cual la recaudación bajará, seguramente, por debajo de los niveles actuales.