|
26 de julio de 2013 |
| Mineras mantienen su negativa ante el impuesto inmobiliario |
Mineras mantienen su negativa ante el impuesto inmobiliario Santa Cruz. Ayer se produjo el segundo encuentro con operadoras mineras y autoridades provinciales. Las que están en producción se afirman en la estabilidad fiscal otorgada por la ley de inversiones mineras. Desde el Gobierno se ratificó la intención de seguir adelante con el cobro del impuesto, que comenzaría a ser notificado en el mes de agosto. Las mineras volvieron a ratificar su intención de buscar en la Justicia un amparo para no pagar. El Impuesto Inmobiliario Minero sigue siendo tema de debate entre las empresas y el Gobierno provincial. Santa Cruz espera recaudar de forma anual unos $ 155 M pero las empresas ratificaron que en caso que se avance en el pedido del pago del impuesto, lo que se confirmó será en agosto, recurrirán a la Justicia de forma inmediata para frenar su aplicación. El gravamen se aprobó el 14 de junio con un comportamiento dividido en el bloque del PJ, ya que la mayoría de los diputados del sector identificado hoy con el Frente para la Victoria se abstuvo en la votación. Si bien las mineras habían hecho pública su intención de acudir a la Justicia si era necesario, las empresas fueron convocadas por el Gobierno este martes y miércoles para tratar de acercar posiciones. Los encuentros los llevó adelante el secretario de Ingresos Públicos, CPN Edgardo Valfré. El martes se encontró con las empresas que ya están en producción: Cerro Vanguardia, Minera Santa Cruz y Minera Triton, y ayer con las que están en etapa de exploración o construcción de proyectos, como Goldcorp, que está construyendo la mina Cerro Negro, y Yamana Gold, titular de Cerro Moro. El Gobierno comenzará la notificación del impuesto en el mes de agosto, una vez culminada la reglamentación del mismo. El impuesto es anual, pero la intención es que exista una serie de anticipos de manera mensual o bimestral, tal y como se hace con Ganancias a nivel nacional, como una forma de aliviar la carga del mismo a las empresas. El Impuesto Inmobiliario no cuenta con antecedentes en el resto de las provincias mineras y esa es la principal luz de alerta de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM). Para la abogada Sabrina Lauberer, se “afectaría a todas las compañías mineras que se encuentren en producción, como a aquellas que aún no lo estén, incrementando los costos operativos incluso a aquellas compañías que no generan ingresos con su actividad”. Una mirada no tan tajante es la del ex secretario de Minería Carlos Saravia Frías, quien planteó que “la aplicación de este nuevo impuesto resulta violatorio de la estabilidad fiscal sólo en los casos de aquellos emprendimientos que tengan ese beneficio concedido por ley”. Pero desde el Gobierno recuerdan que hay antecedentes que favorecen a la provincia, como el canon cobrado en Catamarca o la propia aplicación de retenciones por parte del Estado nacional que hoy están vigentes, más allá de la letra de la ley de estabilidad fiscal. Días atrás el propio jefe de Gabinete de Santa Cruz, Ariel Ivovich, explicó a LU 12 Radio Río Gallegos que la situación “está siendo utilizada por las operadoras como “excusa” para protestar, porque no se atreven a reclamar al Gobierno nacional las medidas implementadas que los afecta y que no dependen de la provincia”. Ivovich confirmó que no habrá marcha atrás aunque las empresas reclamen la derogación del impuesto. “No está dentro de las posibilidades, se va a implementar tal como se viene anunciando”, explicó Ivovich. Santa Cruz cuenta con tres proyectos mineros en producción, uno en construcción (Cerro Negro) y alrededor de cinco en etapa de exploración avanzada. La provincia quería duplicar los emprendimientos en explotación en los próximos dos años, pero la fuerte caída del precio de los metales y la incertidumbre regulatoria jugarán en contra de ese objetivo. A principios de año, Peralta reclamó al Gobierno nacional una mejor redistribución de los ingresos percibidos por la minería, “en el período 2007-2012 la totalidad de las mineras establecidas en nuestra provincia ha pagado $ 2.070.823.198 en impuestos, de los cuales $ 1.860.322.323 han ido al Gobierno nacional y a la provincia sólo $ 210.500.875”, sos-tuvo. Ante la imposibilidad de dis-cutir dentro de la Organización Federal de Estado Mineros (OFEMI) la dis-tribución de la renta, el Poder Ejecutivo santacruceño avanzó en la aplicación de impuestos al sector |
|
COMPARTIR:
 
|
|
Comentarios: Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno! 
|
