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11 de septiembre de 2013
Reflexiones tras la puesta en vigencia de otra medida absurda
La parábola del hotel sin hotelero

Aprobado el nuevo impuesto minero, vale la pena detenerse para analizar algunas aristas del problema fiscal, que está muy lejos de resolverse por este nuevo gravamen, aún cuando se llegue a aplicar.

Ya con la ley que estableció en Santa Cruz el nuevo impuesto a las reservas mineras, que posiblemente será recurrido en la justicia por algunas empresas y tal vez negociado por otras, surgen no solamente dudas dentro de los mismos estamentos estatales acerca de cómo aplicarlo, sino divergencias sobre cuánto se recaudará y, lo que es peor, cuanto durará el efecto de una medida que es, a simple vista, de dudosa legalidad, distorsiva, injusta y, para colmo de males, insuficiente.
Es que la cuenta es sencilla y muy fácil de calcular para cualquiera que quiera hacerla. Si el precio de los metales –y especialmente de la plata, que es la principal producción de la industria en Santa Cruz– se mantiene o retrocede, y al mismo tiempo se acuerdan aumentos de haberes de empleados públicos, mientras continúan subiendo los gastos corrientes de la administración provincial al ritmo de la inflación, en menos de un año el déficit fiscal santacruceño habrá crecido por encima de los 150, 90 o 70 millones de pesos, que es la cifra, según quién los mida y a quién se le cobre, que se recaudaría con el nuevo impuesto inmobiliario minero que puso en vigencia el Ejecutivo provincial.
Y este dato refleja, como ningún otro, el centro de la discusión que debería darse sobre los dos ejes centrales que oculta la denominada pomposamente “participación en la renta minera”, que no son otros que la participación de cada estamento en la tributación minera y el manejo del déficit fiscal.

Un pozo que nadie tapa

Con respecto al déficit, mucho se ha hablado –especialmente en estos días, con los cambios menores en el impuesto a las ganancias– sobre quién financia los fondos que necesita el Estado para funcionar y que no alcanzan a ser pagados con la recaudación, pero no se aborda la cuestión de cómo se hará para detener una espiral creciente que no tiene fin, porque no nos engañemos: si todas las empresas pagaran sin chistar, aunque no les correspondiera, el nuevo impuesto, solamente estarían cubriendo las necesidades de este año, pero tanto la inflación como los ajustes salariales ya prometidos, a lo que se suma la multiplicación constante de un déficit público que ha demostrado su rara cualidad de crecer aún con sueldos congelados durante más de 18 meses y obras y subsidios prácticamente suspendidos.
Como muestra de esta necesidad creciente, vaya como ejemplo la variación en tan solo poco más de un año, del reclamo del Estado al sector minero. En mayo de 2012, los por entonces ministros de Gobierno, Paola Knoop, y de Economía, Ariel Ivovich, le pidieron a las mineras que se hicieran cargo del financiamiento del déficit de los hospitales, asegurando que con ello se equilibraban las cuentas, con una cifra de aporte voluntario que era menos de la mitad de lo que hoy se plantea como necesario para subsistir, al menos hasta la próxima toma de crédito, establecimiento de un nuevo impuesto o aumento de lo ya existente.
Pareciera que luego de las lamentables experiencias económicas de la última década del siglo XX, ha quedado totalmente vedado tan siquiera plantear que se necesita achicar el gasto del Estado, porque solucionar el déficit solamente mediante el aumento de recaudación tiene un límite, porque es un proceso que se va agotando en sí mismo, ya que torna antieconómicas muchas actividades productivas, con lo que, a la vuelta del proceso, la cantidad y calidad de aportantes disminuye inexorablemente.

La parte del león

El otro tema nunca abordado con seriedad, es el del reparto de la masa impositiva que aporta la minería, y que ya es la más alta de toda América y una de las mayores del mundo (al menos del mundo que hace minería).
Hoy, la Nación se queda, en el caso de Santa Cruz, con algo más del 90% de lo que recauda por impuestos mineros pagados por empresas instaladas en nuestra provincia, y del 8% aproximado restante, mucho más del 70% queda en el gobierno provincial, yendo tan solo una mínima parte a la comunidad donde se originó la actividad que les permitió recaudar. Y ese casi 30% es tal solamente si se contabilizan como aportes las sumas que en forma voluntaria entregan las compañías mineras en concepto de responsabilidad social empresaria.
Y contra toda lógica –como casi todas las decisiones que se toman por estos lares– la propuesta para solucionar este problema de mala distribución, no es distribuir mejor lo que hay, sino aumentar el aporte de las empresas, incluso acusándolas, al hacerlo, de que cuando ganaron mucho no fueron solidarias, como si el Estado hubiera hecho otra cosa que gastar mucho más que lo que recaudaba de forma extraordinaria por la suba de precios o el aumento salarial de los trabajadores. Y ni hablar, por supuesto de tener alguna consideración con aquellos emprendimientos –mineros, comerciales, industriales o de la categoría que sean– cuyas cuentas no cierran por la caída de precios o de clientes a quienes venderles.

Suma y sigue

Para que a nadie le queden dudas de que esta manera de afrontar el problema seguirá igual, basta observar que aún antes de la puesta en vigencia del nuevo impuesto, que sería, según la ley, para financiar el déficit de la Caja de Previsión, ya se prometió gastarlo en su totalidad en salarios, con discursos en que, lejos de promover la paz social que se dice defender, se trata de enfrentar a los empleados públicos cuyos haberes se consumen al ritmo de la inflación, con las mineras, como si ellas fueran las culpables de que el Estado no tenga dinero para frenar el deterioro salarial y cubrir los servicios esenciales.
Se trata, en definitiva, de una visión adolescente de la realidad, por la que se pierde más tiempo buscando culpables y sectores a quienes acusar o exigir un sacrificio que supuestamente no han hecho antes, sin asumir ninguna responsabilidad por lo que pasa.
Un sagaz observador de nuestra realidad, dijo hace un tiempo que Argentina es un hotel donde todos se quejan del servicio, sin darse cuenta de que no son huéspedes, sino los dueños del hotel. Y en eso estamos, relatando el presente desde una cuenta de Twitter, pidiendo prostíbulos para defender a la mujer, acusando como si los burdeles hubieran sido fundados por el diputado Contreras, pidiendo sacrificios ajenos y más preocupados en chicanas que en dejar que quienes quieren producir produzcan, quienes quieren trabajar puedan hacerlo, y que quienes necesitan la ineludible e imprescindible presencia del Estado para vivir y desarrollarse, puedan contar con ella antes de que, por conseguirla, se les vaya la vida.



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