Minera Santa Cruz en jornadas de prevención

La compañía Minera Santa Cruz –que desde 2001 opera la unidad minera San José, en el noroeste provincial– acompañó en Perito Moreno la implementación de dos jornadas de debate y reflexión, destinadas a paliar el impacto social y comunitario de las adicciones, y a encarar la problemática de la violencia de género, discriminación y desvalorización femenina.
Las “Jornadas de prevención de adicciones” respondieron a una iniciativa liderada por Minera Santa Cruz y la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad local, y contaron con la participación de la lic. Tamara Grier, directora de Prevención dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
La especialista, junto a un grupo de jóvenes preventores de la localidad de Rio Gallegos, visitó distintos establecimientos educativos, en los que ofrecieron charlas sobre el concepto de adicciones, remarcando los daños que generan las drogas y el alcohol, entre otros, tanto a nivel individual como a nivel social.
Las charlas, destinadas a jóvenes y adultos que promedian los estudios secundarios, tuvieron una participación de alrededor de 400 asistentes y, al menos 10 de ellos, iniciarán en el mes de julio la capacitación correspondiente para convertirse en preventores de Perito Moreno, junto a la licenciada Grier.
Paralelamente, en conjunto con la Dirección de la Mujer de la Municipalidad de Perito Moreno, Minera Santa Cruz dio inicio a unas “Jornadas de empoderamiento de los equipos de trabajo y mujeres”, abiertas a la comunidad femenina local, la que contó con la participación de 13 mujeres de entre 20 y 40 años, las que manifestaron sus inquietudes y puntos de vista acerca de maltrato y discriminación por género. La implementación de la jornada estuvo a cargo de la socióloga Patricia Savid, quien conversó con las asistentes y respondió cada una de sus consultas, evacuando dudas y temores.
Dada la gran aceptación de la actividadf, está previsto un nuevo encuentro para el 12 y 13 de agosto.

Nuevamente los camioneros paran la minería

El pasado lunes 24, en horas de la mañana, un grupo de alrededor de 20 personas, identificadas con el gremio de Camioneros, inició un bloque al acceso principal al yacimiento Cerro Moro, que opera Yamana Gold, el que se encuentra a unos 80 kilómetros al sudoeste de Puerto Deseado. El motivo del corte fue, en principio, el habitual reclamo que hacen en yacimientos, para que sean encuadrados en su gremio los trabajadores que conducen camiones aguateros de apoyo a los equipos de perforación.
Ante la situación, los directivos de Yamana Gold realizaron las denuncias pertinentes tanto a la policía provincial como a la Subsecretaría de Trabajo, a la vez que dieron parte de la situación al socio de la compañía, la estatal santacruceña Fomicruz, al gremio minero AOMA y al Ministerio de Gobierno que conduce Daniel Sloper.
En horas de la tarde del lunes arribaron al yacimiento varios trabajadores enrolados en AOMA, con el objetivo de cuidar que no se dañaran las instalaciones y equipos que les permiten trabajar, evitando todo posible choque con los manifestantes.
Posteriormente arribó una comisión policial, pero los gremialistas enrolados en el sindicato que conduce Pablo Moyano, les impidieron el paso, por lo que tuvieron que buscar un ingreso alternativo.
Los manifestantes pernoctaron en el lugar, no tuvieron reacciones de ningún tipo ni exigieron reuniones o medidas a nadie, y continuaron en el ingreso al yacimiento durante toda la jornada.

Escuela de gastronomía en Puerto Deseado

La empresa de catering institucional Cookins –que presta servicios de alimentación a los trabajadores de los principales emprendimientos mineros de Santa Cruz–, recibió este mes a los primeros 50 estudiantes en la Escuela de Gastronomía que puso en marcha en Puerto Deseado, donde brinda sus servicios a la compañía minera Yamana Gold, operadora del proyecto Cerro Moro.
El curso que se brinda en la Escuela de Gastronomía de Cookins es de carácter gratuito para los vecinos deseadenses y ofrece un título oficial habilitante con validez nacional avalado por el Consejo de Educación de Santa Cruz, y forma parte de la red de escuelas Cookins de gastronomía y hotelería, instaladas en la provincia, que funcionan como verdaderos centros de formación para Perito Moreno, Gobernador Gregores, Caleta Olivia y San Julián.
En todos los casos, las escuelas de Cookins brindan gratuitamente formación profesional con aval estatal, convirtiéndose en una experiencia única, que busca fomentar el empleo de mano de obra local, brindar un estándar profesional y generar oportunidades para los pobladores de cada región.
Los proyectos de formación de Cookins son impulsados con el apoyo del gobierno provincial, el gremio minero AOMA, los municipios donde se instalan y la minera estatal Fomicruz. Durante 2012 se otorgaron los títulos oficiales a los primeros 20 cocineros profesionales en la localidad Perito Moreno y este año se estiman que culminarán su primer año como técnicos gastronómicos más de 300 alumnos entre todas las localidades de la Provincia, incluyendo a Puerto Deseado.

Es mi propio déficit, estúpido

Pese a las críticas de los sectores directamente involucrados y a la ya complicada situación económica de la industria minera, que se encuentra en franco retroceso, la Cámara de Diputados aprobó un nuevo gravamen a la actividad, con el único objetivo de tratar de tapar un agujero fiscal cada vez mayor.

(Por Roberto Mendoza especial para La Opinión Austral)

16/06/2013 (AIMSA-SantaCruz) Finalmente, la Legislatura de Santa Cruz aprobó parcialmente el proyecto del gobernador Daniel Peralta, que crea un nuevo gravamen a la actividad minera denominado “Impuesto al derecho real de propiedad inmobiliaria minera”.
En consecuencia, a partir de que entre en vigencia el nuevo impuesto, las compañías que hayan hecho el estudio de factibilidad de sus proyectos, estén construyendo sus emprendimientos y ya estén en producción, pagarán anualmente al Estado provincial el 1% del valor de las reservas de mineral declaradas en cada yacimiento, al valor que tendría el mismo en el mercado ya refinado y procesado. El total de lo recaudado –menos una parte minúscula para funcionamiento de Rentas de la Provincia– irá al fondo con el que se intenta cubrir el déficit creciente de la Caja de Previsión Social.
El proyecto definía la incorporación de otros gravámenes a los juegos de azar y una modificación en el régimen de Ingresos Brutos para la minería, pero esos puntos no prosperaron. Votaron favorablemente los diputados encolumnados tras el gobierno de Peralta –Selsa Hernández, Alejandro Victoria, Sebastián Gatti, Pedro Vinet, Martín Paiva, Martín Sotomayor, Roberto Fernández y Oscar Sandoval–, y los radicales Estela Bubola y Héctor Roquel, en tanto que los representantes alineados con el gobierno nacional se abstuvieron. Estos últimos habían presentado un despacho por mayoría en el que también proponían el mismo gravamen, pero lo distribuían entre varios sectores, incluidos los municipios. Para justificar su postura, de no votar pero tampoco oponerse, los legisladores sostuvieron que el Gobernador estaba condicionando el mejoramiento de las perspectivas económicas a la aprobación de este nuevo impuesto, por lo que no querían “seguir siendo víctimas de un discurso inquisidor, en el que la ausencia de aumentos salariales, pago a proveedores, funcionamiento de la salud, la educación, la seguridad, la cultura, entre otros, sean producto de la falta de este nuevo impuesto”.
Días antes, el propio Peralta había dicho que él entendía que el problema central con la tributación minera era el reparto desigual, ya que la parte del león queda en Nación, y menos del 10% llega a la provincia, pero que él no podía hacerse cargo de eso, porque no estaba en sus manos corregirlo.

Predicar en el desierto

Durante los últimos tiempos, diversas voces ligadas a la actividad minera, desde catedráticos a directivos y profesionales, les hicieron saber a los legisladores que la sanción de este nuevo impuesto complicaría aún más la situación financiera de los distintos proyectos en marcha, no solamente porque aumenta aún más la presión fiscal sobre el sector –que ya era con creces una de las más altas del mundo–, sino porque este nuevo gravamen es profundamente distorsivo, ya que se aplica sobre variables que la empresa minera no controla, castiga al que invierte para pasar a la producción y deja indemne al especulador inmobiliario, y utiliza como variable de apreciación un costo que tiene poco y nada que ver con lo que grava. Para peor, tampoco tiene el nuevo impuesto un carácter promotor ni se aplicará para corregir las supuestas distorsiones que provocará la industria, según manifestaciones de los propios legisladores y el gobernador, ya que lo que se recaude se utilizará para cubrir solo en parte el déficit de la Caja de Previsión Social, algo de lo que la minería no es responsable ni lo controla. De hecho, si miramos el largo plazo, el desarrollo de la minería –y cualquier otra industria lícita y formal– es la única opción para reducir el déficit de las jubilaciones provinciales, por su capacidad de absorber la mano de obra que hoy es tomada casi exclusivamente por el Estado.
El nuevo impuesto es, en resumen, como si a quien compra un campo se le cobrara anualmente un porcentaje de las vacas que puede criar en él, sin tener en cuenta si las tiene o no, sin contemplar cuáles son sus costos o si emplea mucho o poco personal, sin permitirle desgravar algo de lo que tributa realizando mejoras o siendo más eficiente, y encima, tomando como precio testigo no ya el de la mejor carne del mundo, sino el del lomo al champiñón cocinado por un chef internacional en el mejor restaurante de Francia.
Pero, por supuesto, los argumentos de quienes trataron de explicar que gravar la actividad no era una buena idea, y que la consecuencia directa sería que las empresas trataran de defenderse en los estrados judiciales, no fueron ni siquiera evaluados o tenidos en cuenta, sencillamente porque no se trataba de un nuevo impuesto para regular, controlar o ajustar la actividad, sino simplemente la elección de un nuevo lugar del que el que el gobierno busca sacar los fondos que necesita para financiar su propio déficit, sin mirar si esa decisión complica o no a la actividad productiva, y mucho menos las consecuencias que podría tener.
Con acusaciones cruzadas y tirándose con motes supuestamente ofensivos de “camporistas” y “traidores”, una vez más se avanzó sobre una actividad productiva, poniéndola en riesgo para financiar un déficit improductivo cada vez más grande. “Lo que pasa con esta gente es que no entiende cómo es la producción, porque nunca tuvieron que pagar una quincena”, dijo un reconocido proveedor local, que como es ya una costumbre en estos casos, pidió mantenerse en el anonimato.

Ciclos

La minería en Argentina ya venía con serios problemas. Inflación, restricción a las importaciones, suba de costos internos, compras en dólar blue y ventas con cotización oficial y un mercado internacional poco proclive a la inversión de riesgo, son datos que se vienen difundiendo desde hace ya bastante tiempo. A ello se suman ingredientes provinciales, como la baja del precio de la plata –que es lo que esencialmente produce Santa Cruz– y la cíclica e impune toma de yacimientos por parte de sectores gremiales no ligados a la actividad.
A esos problemas ahora se le ha sumado este nuevo impuesto. Las consecuencias ya son visibles: se redujo la exploración en un 90%, algunos proyectos quedan en stand by esperando tiempos mejores y los que ya están produciendo acortan su vida útil, y cuando cierren, sus trabajadores y proveedores tendrán menos opciones de continuar en la actividad, porque habrá muchos menos yacimientos que los reemplacen.
Así, mucho menos empresas tributarán y muchos más trabajadores necesitarán recurrir al Estado para asegurarse el sustento. Y el déficit habrá crecido más, como sucede cíclicamente.

Cerro Moro amplió las becas universitarias

En el marco del programa de “Educación y trabajo para jóvenes de Puerto Deseado” que lleva adelante desde hace más de tres años, la compañía minera Yamana Gold –operadora del proyecto Cerro Moro, situado a 80 kilómetros al sudoeste de Puerto Deseado– acordó con el Concejo Deliberante de la localidad costera renovar las cinco becas otorgadas en concepto de ayuda económica para alumnos que cursen carreras afines a la minería, e incorporar cinco becas más, al mismo tiempo que se elevó el monto de las mismas, de 1.000 a 1.500 pesos mensuales.
Además, bajo el mismo programa, Yamana Gold también continuará colaborando con los gastos de transporte, para 68 alumnos que cursan el Profesorado para la Educación Primaria, Licenciatura en Administración, Minería, Enfermería y otras, a razón de 90 pesos por alumno.
El director de Relaciones con la Comunidad de Yamana Gold, Mario Hernández, sostuvo que “en Cerro Moro creemos que contribuir con la generación de oportunidades laborales y el mejoramiento de las competencias profesionales de los habitantes de Puerto Deseado es una herramienta fundamental para pensar en el futuro y en el desarrollo cultural y material de la comunidad”, agregando que “esta inversión en educación, que ronda los 300.000 pesos anuales, forma parte de un objetivo corporativo de mejorar la calidad de vida de la población en donde Yamana lleva a cabo sus operaciones”.

Personal jerárquico contra el impuestazo minero

La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (Asijemin), dio a conocer, por medio de una solicitada, su posición frente al impuestazo minero que impulsa el gobierno de Daniel Peralta –el que sería aprobado en la próxima sesión de la Legislatura provincial–, afirmando que de aplicarse, la medida cambiaría negativamente las condiciones para la prospección, exploración, construcción y producción minera, con lo que “pone en riesgo la cantidad y calidad de empleos de miles de santacruceñas y santacruceños”.
Yendo aún más allá, los jerárquicos de la industria minera afirmaron que hacen responsable “al señor gobernador Daniel Román Peralta, por la continuidad de la cadena virtuosa de escalonamiento salarial que venimos gozando desde el año 2013”, e instaron “al gobierno de la Provincia a discutir responsablemente con todos los actores del sector estas cuestiones que son de vital importancia para nuestras familias”.

Una evolución positiva

Esta semana se celebró el Día Internacional del Medio Ambiente, una fecha instituida por Naciones Unidas hace ya cuatro décadas, en consonancia con la primera conferencia mundial sobre ambiente, realizada en Estocolmo el 5 de junio de 1972. Válido para que reflexionemos juntos

A mediados de la década de 1970, sectores cada vez más importantes de muchos países, comenzaron a tomar conciencia de la importancia de establecer planes, protocolos y reglas de juego nuevas, para detener el constante deterioro de los hábitat naturales, por una parte, y por la otra asegurar la preservación del ambiente para las generaciones futuras.
Más allá de las visiones alarmistas de algunos sectores radicalizados, la conciencia medioambiental a avanzado mucho y es una variable por demás de importante en muchas actividades que hoy desarrollan las industrias a lo largo y ancho del mundo, evolución que ha actuado especialmente en la industria minera. Vaya como ejemplo de ello que hace solo 30 años, no se hacía estudio alguno sobre la forma en que la minería podía impactar en el hábitat o las comunidades y hoy eso no solamente es un paso previo obligatorio en la gran mayoría de los países del mundo y una práctica habitual de las empresas, sino que además cada emprendimiento cuenta con un área específica de nivel gerencial, que atiende las cuestiones tanto medioambientales como de relaciones con la comunidad.

Un sistema que funciona

En Argentina, la actividad minera, a partir de la década de 1990, es la única que cuenta con una ley específica de cuidado medioambiental, que la obliga a presentar una evaluación del impacto que tendrá la explotación en el ambiente, desde el momento en que comienza la exploración hasta cuando finaliza la explotación. Esa información, que representa una importantísima inversión de la empresa, es evaluada por una o varias reparticiones estatales –de acuerdo a la legislación de cada provincia–, y a partir de allí se otorgan los permisos y se usa como información base para realizar los controles. El informe de impacto ambiental debe ser actualizado regularmente, adecuándolo a los cambios que se van produciendo, y toda modificación en los métodos o condiciones pactadas, debe ser informada y autorizada con antelación.
El sistema, si bien es perfectible, está dando muestras de funcionar bien y de cumplir con su cometido original, que es que la comunidad, a través de las autoridades, conozca el impacto que producirá una actividad minera, que ese impacto sea reducido al mínimo posible y que haya un control y seguimiento para que se cumpla el compromiso en tal sentido.
Las muestras de que funciona se pueden ver diariamente en cada uno de los proyectos que se encuentran en plena producción en Santa Cruz, que ya llevan un tiempo de producción de cuantía como para verificar el impacto ambiental que producen.
Como ejemplo, Cerro Vanguardia lleva explotando el yacimiento de oro y plata en producción más importante de la provincia, desde hace ya 15 años, un tiempo más que suficiente para observar consecuencias, si se estuvieran produciendo.
Y si nos atenemos a lo anunciado por los sectores más radicalmente antimineros, cinco años más, como mínimo, que lo esperado por ellos para que la minería demostrara que es intrínsecamente dañina para el ambiente y las sociedades. La situación actual de Puerto San Julián, las condiciones ambientales tanto del sector en explotación como de toda la región circundante, son ejemplos de que nada de lo pronosticado ocurre.
Como anécdota al paso, esta semana, como forma de recordar el Día del Medio Ambiente, en los comedores del yacimiento Cerro Vanguardia se sirvió un plato especial, consistente en distintas variedades de preparaciones con truchas provenientes de la Laguna del Carbón, un espejo ubicado aguas abajo de la planta de proceso, en el que el área de Medio Ambiente de la compañía llevó a cabo una experiencia de siembra de alevines, tanto para utilizar un elemento más de monitoreo, como para realizar una prueba piloto capaz de ser repetida en otros espejos de agua. Tras cuatro años transcurridos desde la primer siembra, los ejemplares de la Laguna del Carbón presentan medidas y condiciones semejantes a las de sus congéneres de otras zonas en las que no hay minería en las inmediaciones, y al igual que en otras ocasiones, los consumidos en el yacimiento provienen del raleo periódico que se debe aplicar para mantener el correcto balance en ese hábitat.

Irreductibles

Pese a esas evidencias, los sectores antimineros continúan siendo irreductibles, y su presencia crece a diario, especialmente en los lugares donde no hay minería, por falta de condiciones naturales o pro prohibición legal. Además, reciben un tratamiento preferencial de muchos comunicadores y en las redes sociales, que realizan diferenciaciones semánticas para analizar una y otra posición, ya que los que se oponen a la minería son “luchadores sociales” –provengan de donde provengan y representen a quien representen– y los que la apoyan son, invariablemente, “reconocidos lobbistas”.
Se trata, en la mayoría de los casos, de grupos que han sabido aprovechar al máximo los sistemas de conectividad y las nuevas tecnologías de la comunicación, que utilizan eslóganes de rápida lectura, con falsas premisas, con datos de difícil verificación para el hombre común, y que tocan siempre fibras sensibles.
Y como decíamos en esta misma columna hace solo una semana, se trata de personas que se oponen a la minería pero no a lo que ella produce, porque en el fondo no se hacen cargo de las consecuencias de su accionar, y lo único que pretenden es que no haya minería cerca de sus casas.
Y muchos de ellos demuestran también que son, cuanto menos, incapaces de defender en la faz privada lo que sucede públicamente, como sucedió esta semana, también, con el reconocido ambientalista de Esquel Lino Pizzolón, como limnólogo (estudioso de los sistemas ecológicos acuáticos continentales), uno de los más encumbrados participantes de la Asamblea por el No a la Mina de Esquel y de agrupaciones ambientalistas; a quien las autoridades de la Universidad Nacional de la Patagonia le clausuraron el laboratorio de ecología acuática que dirige por no cumplir con normas básicas de cuidado ambiental, ni tener sectores para la disposición segura de residuos tóxicos que él mismo generaba.
El discurso de Pizzolón en defensa de los recursos hídricos es prácticamente su razón de ser. Miembro titular del Observatorio del Agua, ha sido un permanente expositor de los desastres que, según él, ocasiona la minería en el medio ambiente y especialmente en el agua. Un desastre que sí ocasionaría si la industria funcionara hoy como lo hacía hace cincuenta años, cuando no había exigencia social sobre el impacto ambiental, o cuando se creía que si un emprendimiento era positivo económicamente para la comunidad, había que perdonarle todo. Un desastre que sí ocasionaría si la minería actuara como lo ha hecho Pizzolón con su propio laboratorio.
Pero claro, parece que las acciones de un luchador social no tienen consecuencias, y si las tienen, hay que silenciarlas, en salvaguarda de un fin superior. Una variante del “roban pero hacen” que tanto daño nos ha hecho.

Fuerte inversión de Goldcorp en RSE para Perito

La compañía minera Goldcorp, que opera el yacimiento Cerro Negro situado al sudeste de Perito Moreno, en el noroeste santacruceño, suscribió la semana pasada dos convenios con la Municipalidad de esa localidad, para financiar la construcción de la sede para un centro de jubilados, y para solventar el alquiler de generadores eléctricos.
Los convenios, que se enmarcan en el programa de responsabilidad social empresaria de Goldcorp, fueron motorizados a través de la Agencia de Desarrollo local. El primero demandará una inversión de 1,48 nillones de pesos que serán destinados a la construcción del edificio propio del Centro de Jubilados Provinciales de Perito Moreno; en tanto que el segundo contempla el financiamiento total del alquiler mensual de dos generadores eléctricos para la ciudad, por el término de diez meses, a razón de 35 mil dólares mensuales.
En el acto de firma de los convenios estuvieron presentes la intendente municipal Mabel García, el gerente de la Agencia de Desarrollo, Darío González, la presidente del Centro de Jubilados, Adela Silvi, concejales y el diputado por la localidad, en tanto que por Goldcorp se hicieron presentes Eduardo García de las Longas (Gerente de Sustentabilidad), Claudia Peralta (Superintendente de Relaciones Comunitarias) y Paola Vera (Responsable de Relaciones Institucionales).
La intendente a cargo, Mabel García, expresó su satisfacción por los acuerdos firmados y destacó como muy importante la colaboración de la empresa en ambos convenios, a la vez que agradeció a la empresa por consultar en forma permanente a la comisión de jubilados provinciales, que trataba de dar respuesta a una antigua solicitud que se encaminó, finalmente, a través del Concejo Deliberante y la empresa.
Sobre la necesidad de alquilar equipos de electricidad, García sostuvo que “hoy podemos pensar que todo el invierno estaremos más tranquilos”, haciendo referencia a los habituales cortes de fluido eléctrico que sufre la localidad.
Por su parte, Eduardo García de las Longas habló de su satisfacción por empezar a trabajar en conjunto con la comunidad a través de la Agencia de Desarrollo que se ocupa de seleccionar los proyectos, evaluarlos, y administrarlos, “con lo cual, a través de su accionar, se podrá dar mayor transparencia al proceso de aportes que está haciendo Goldcorp”.
Cabe mencionar que el alquiler de los generadores eléctricos, se solventará mediante un aporte compartido con Minera Santa Cruz, Patagonia Gold y la propia Goldcorp, lo que, según recordó el Gerente de Sustentabilidad de esta última, es una solución transitoria ya que está previsto que cuando se concluya el tendido eléctrico a Cerro Negro, se hará una derivación a Perito Moreno cuyo costo asumirá en su totalidad la empresa.

Laplace al gobierno de Santa Cruz: “Primero hay que defender las fuentes de trabajo”
El titular nacional de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Héctor Laplace, expresó su reclamo tanto a legisladores como a funcionarios del gobierno de Santa Cruz, solicitando que se trabaje seriamente “por la continuidad del desarrollo minero y su definitiva consolidación en la provincia”, remarcando que piden a “las autoridades provinciales que ante todo se privilegie la continuidad de las fuentes de trabajo, y la multiplicación de oportunidades económicas y sociales que genera la industria minera”.
Laplace sostuvo esta postura del gremio minero al ser consultado sobre los proyectos de ley que se encuentran en tratamiento en la Legislatura provincial, que proponen modificar la estructura tributaria provincial, incorporando el “Impuesto al derecho real de propiedad inmobiliaria minera”, entre otros temas.
Justamente refiriéndose a dicho proyecto, el secretario general nacional de AOMA dijo que los trabajadores “entienden y respetan la potestad de cada Provincia y sus representantes en establecer las reglas que determinen más procedentes para aplicar en su jurisdicción”, pero advirtió que “se deben tener parámetros muy claros para que el instrumento legal que se pretende aprobar no genere más adversidad que las ya existentes, por errores de cálculos o malas interpretaciones de la realidad”.
Al pedírsele mayores precisiones en torno a la ley que pretende imponer un impuesto a la propiedad inmobiliaria minera en esta provincia, Héctor Laplace sostuvo que “para nosotros, como trabajadores, sería muy importante que en la actual coyuntura primero se haga funcionar al Estado en todas sus áreas para garantizar el libre acceso a las fuentes de trabajo, el cumplimiento de las leyes que la regulan y de esta forma cuidar la salud laboral y física de quienes en forma permanente son abordados y perjudicados por reclamos sociales y de otros gremios que impiden el normal desenvolvimiento del trabajador minero”, aclarando que este tema “sí es una prioridad social, política y jurídica que casi nadie atiende en la provincia de Santa Cruz”, y que hasta ahora no se ha encontrado solución “dado que el Estado, en esta provincia, se muestra ausente”, en este tipo de conflictos sectoriales.
Finalmente, dijo el titular de AOMA que “primero está el bienestar y seguridad de cada trabajador, de reclamar por cada vida que se pone en riesgo ante la permisividad del Estado para hacer cumplir la ley”, después “sólo después”, aseguró, “podremos hablar de otras mejoras o prioridades”.

Goldcorp becó a cuatro bomberos para capacitarse en el CALCIC

Del 20 al 24 de mayo, cuatro bomberos de las localidades santacruceñas de Perito Moreno y Los Antiguos, participaron de un curso intensivo para miembros de brigadas de incendios, dictado por el Centro Argentino de Lucha Contra Incendio y Conducción (CALCIC), en el predio que posee en San Antonio de Areco (Buenos Aires).
La concurrencia de los servidores públicos fue posible gracias a la donación que efectuara la minera Goldcorp –que opera el yacimiento Cerro Negro en el noroeste provincial–, consistente en cuatro becas de capacitación en el CALCIC, la principal Institución argentina dedicada a la formación profesional en la lucha contra incendios y respuesta ante emergencias.
Las becas incluían, además de la instrucción recibida, la estadía y el alojamiento necesarios para la cursada en el campus de la localidad de San Antonio de Areco. Al regreso de la capacitación los bomberos participantes manifestaron su satisfacción por haber podido ser parte de la experiencia e hicieron hincapié en la profesionalidad de la capacitación recibida, destacando el realismo de las simulaciones y prácticas.